Revolución Sandinista

A principios de 1978 Pedro Joaquín Chamorro, editor del diario La Prensa de Managua y destacado opositor al régimen de Somoza, murió asesinado. El presidente fue acusado de complicidad en ese hecho y el país entró en un periodo de violencia generalizada que desembocó en una verdadera guerra civil. Las fuerzas opositoras fueron dirigidas por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), grupo guerrillero formado en 1962 y llamado así en memoria de Augusto C. Sandino.

El avance sandinista sobre Managua fue muy rápido. Tratando de evitar otro régimen comunista (además de Cuba) en América Latina, Estados Unidos presionó a Somoza para que renunciara al poder en favor de una coalición moderada. El 17 de julio de 1979 Somoza abandonó el país, instalándose primero en Miami (Florida) y después en Asunción, Paraguay, donde fue asesinado en 1980.

Los sandinistas nombraron un Gobierno de Reconstrucción Nacional para dirigir el país. Encarando enormes dificultades, intentaron (inicialmente con el apoyo estadounidense) activar la economía, pero Estados Unidos pronto se opuso a su política izquierdista que había nacionalizado la banca y pretendía llevar a cabo una profunda reforma agraria. Después de acusarles de abastecer a la guerrilla de El Salvador, el gobierno de Ronald Reagan inició el bloqueo económico del país en 1981 y empezó a financiar a grupos armados antisandinistas, la denominada contra nicaragüense.

Se inició así una nueva guerra civil que provocó numerosas muertes. En las elecciones de noviembre de 1984, el candidato del FSLN a la presidencia, Daniel Ortega Saavedra, ganó por un amplio margen de votos. En octubre de 1985 declaró el estado de emergencia durante un año, bajo el cual se suspendieron los derechos civiles. En marzo de 1988, durante la primera conversación para llegar a un acuerdo de paz, la contra y los sandinistas aceptaron una tregua. En febrero de 1989 se firmó en Costa del Sol (El Salvador) un acuerdo entre los cinco presidentes centroamericanos, que supuso el desmantelamiento de la contra y la realización de reformas constitucionales para garantizar la celebración de elecciones con plenas libertades políticas un año después.